Modelo petición de sobreseimiento por error identificación desde número de IP

21.04.2021

 Diligencias Previas XXX/2021

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN X DE XXXX

 

D. XXXXXXXXXX, Procurador de los Tribunales, en nombre de D. XXXXXXX, representación que consta acreditada en las actuaciones, ante ese Juzgado comparezco, y como mejor proceda en derecho, DIGO:

 

Que mediante el presente escrito, esta parte respetuosamente pide el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de las actuaciones en virtud de lo dispuesto en el art. 779.1.1ª LECRIM, y ello con base en las siguientes

 

ALEGACIONES

 

Primera: Mi mandante no es autor de los hechos denunciados, no conoce en absoluto a la denunciante de los mismos y no reside en la vivienda en la que se encuentra la conexión a internet usada por el desconocido autor de los hechos investigados.

 

Los hechos que se investigan consisten en la publicación de XXXXXX.

 

Según las indagaciones del atestado policial la publicación cuya autoría se investiga se habría hecho el X de X de 2021 entre las X y las X de la madrugada desde una conexión a internet vinculada al número de IP XX.XX.XXX.XX. Según la compañía VODAFONE tal número de IP corresponde a una conexión a internet contratada por mi mandante, D. XXXXXXXX, para el domicilio sito en C/ XXXXXXX.

 

Sin embargo, el domicilio citado no es el de mi mandante sino el de sus padres, que, al no saber qué tipo de conexión pedir ni cómo explicar sus necesidades de suministro a la compañía, delegaron en su hijo la gestión de contratarla para su vivienda. De este modo, aunque el nombre de mi representado aparezca formalmente en el contrato por haber hecho personalmente esa gestión para sus padres, los que la utilizan son las personas que allí residen y, eventualmente, quienes las visitan.

 

Mi mandante reside en la vivienda de su propiedad sita en C/XXXXX, en la que tiene su propia conexión a internet y es el lugar en el que se encontraba en la fecha y hora de los hechos.

 

Como prueba de su residencia en el domicilio citado adjuntamos:

 

1º.- Facturas de internet a nombre de mi mandante para su domicilio del mes en el que se produjeron los hechos, el anterior y el posterior (doc 1, 2 y 3).

 

2º.- Facturas de luz y agua a nombre de mi mandante para su domicilio en XXXXXX en el que mes en el que se produjeron los hechos, el anterior y el posterior (doc 4, 5, 6 y 7).

 

3º.- Recibos de transferencias mensuales en pago de la comunidad de su domicilio en C/ XXXXXX del mes en el que se produjeron los hechos, el anterior y el posterior (doc 8).

 

4º.- Aportamos los recibos de IBI de los años 2018, 2019 y 2020, abonados por mi mandante como propietario de la vivienda en la que reside (doc 9).

 

Segunda: Sobre la conexión a internet utilizada por el autor de los hechos investigados y la vivienda en la que radica.

 

Como hemos señalado, la conexión a internet vinculada al número de IP que figura en las actuaciones está ubicada en la vivienda en la que residen los padres de mi mandante.

 

Hasta donde mi mandante puede saber, la conexión a internet de la vivienda de C/ XXXXXXX es utilizada al menos por sus padres, por las personas que los visitan (especialmente familiares, como sus hijos, incluido mi mandante) así como un vecino del bloque con el que la comparten y del que se desconocen las visitas que pudiera tener y si ha facilitado o no la contraseña de la red a una tercera persona.

 

Cabe decir que los padres de mi mandante no tienen especiales conocimientos de internet -hasta el punto de que delegan en su hijo su contratación- y que, al igual que mi representado, no conocen de nada a la denunciante ni tienen motivo alguno por el que quieran perjudicarla.

 

Por otra parte, resulta contrario al sentido común que cualquiera de estas dos personas de edad avanzada pudieran estar a las 4 de la madrugada de un X de agosto publicando un anuncio con estas connotaciones sobre una persona de la que nunca habían oído hablar, que vive en otra ciudad y de la que están generacionalmente tan alejadas.

 

Tercera: Procedencia de sobreseimiento provisional por inexistencia de motivos suficientes para atribuir los hechos a persona alguna determinada (art. 779.1-1ª Lecrim).

 

Esta parte entiende que procede el sobreseimiento provisional de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 779.1.1ª, pues no existen motivos suficientes para la atribución de los hechos denunciados a persona alguna determinada.

 

Resulta ampliamente conocido que las personas que cometen los llamados ciberdelitos evidentemente utilizan siempre conexiones a internet que le son ajenas, precisamente para evitar ser localizados, siendo absolutamente trivial para estas personas acceder a estas conexiones wifi de terceros. Por otro lado, es reiterada la jurisprudencia que nos recuerda que no puede establecerse una vinculación entre un número de IP y un concreto usuario de internet como si se tratara de un carnet de identidad.

 

El nombre que ha facilitado Vodafone como vinculado a un número de IP no es ni pretende ser el de la concreta persona que utilizó internet ese día y a esa hora, sino simplemente el de la persona que firmó el contrato con esa compañía para obtener el servicio de internet que fue utilizado por la persona que fuera.

 

En este sentido, son múltiples las sentencias que han venido aclarando lo anterior. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de diciembre de 2012, recordó que:

 

la inferencia que vincula ser usuario de un ordenador y línea telefónica no lleva necesariamente a la conclusión de que ese usuario sea el autor de toda utilización telemática de esa infraestructura informática. [...] Ello implicaba una información a internet de los puertos que estaban disponibles en el PC, lo que es un factor de vulnerabilidad cognoscible por otros usuarios de la red. De éstos un atacante malicioso puede aprovechar aquella vulnerabilidad para utilizar el equipo ajeno quedando su uso registrado como si fuera el auténtico titular el que utiliza la IP en esa manipulación del equipo, sin más condición que la de que el equipo del titular verdadero se encuentre encendido. Y ello sin que este titular pueda ni siquiera percatarse de ese uso malicioso y ajeno de su equipo. […].

 

Esta doctrina ha sido aplicada de forma continua y reiterada, como el auto de sobreseimiento provisional dictado por idéntico motivo del Juzgado de Instrucción 2 de Jaén de fecha 26 de junio de 2019, e incluso por la jurisdicción civil, como la sentencia firme de 2 de noviembre de 2017 del juzgado de lo mercantil 1 de Donostia, cuando dice que “se debe asumir que bajo una misma línea y dirección ip puede actuar no solo el titular sino otras personas y, además, puede ser objeto de utilización no autorizada por un tercero”.

 

Volviendo a la jurisdicción penal, la sentencia dictada in voce nada más concluir el juicio por el Juzgado de lo Penal 11 de Valencia el 6 de febrero de 2014 manifestando que:

 

No hay ninguna prueba de que el acusado cometiera los hechos por los que se le acusan. Efectivamente es muy fácil poder descifrar cualquier contraseña de la red wifi. No habiendo otros indicios de los hechos enjuiciados, se debe absolver y absuelve al acusado”.

 

Con la misma argumentación, la sentencia de 30 de Marzo de 2004 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Manresa que manifiesta que:

 

Imputa el Ministerio Fiscal al acusado haber accedido sin autorización con su línea telefónica a Internet a través de dos líneas 900, una propiedad de NOVARTIS S.L. y otra propiedad de MICROSOFT .... No existe la más mínima prueba, practicada en Juicio oral con sujeción a los principios de inmediación y contradicción, de tales hechos. El acusado reconoce que era titular de la línea pero niega que se conectara a Internet a través de las líneas 900 citadas. En primer término afirma que no era el único usuario del ordenador en cuestión, lo que en modo alguno resulta desvirtuado por prueba en contrario. De la titularidad de una línea telefónica no cabe deducir directamente la autoría de las llamadas”.

 

Por todo ello y con objeto de evitar una innecesaria pena de banquillo, esta parte entiende que deben sobreseerse las actuaciones por no existir motivo suficiente para atribuir la perpetración de los hechos a persona alguna determinada, y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 779.1-1ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

Por lo expuesto,

 

SUPLICO AL JUZGADO tenga por presentado este escrito y en su virtud acuerde el sobreseimiento provisional de las actuaciones conforme a lo dispuesto en el art. 779.1.1ª LECRIM por no existir motivos suficientes para atribuir la perpetración de los hechos denunciados a persona alguna determinada, por ser de justicia que pido en XXXXX, a X de X de 2021.

Liberando la oposición a la entrega de disco duro solicitada por SGAE

18.01.2010

Continuando con la liberación de los documentos que hemos utilizado David Bravo y Javier de la Cueva en la defensa de las webs de enlaces a archivos en redes p2p, hoy ofrecemos la plantilla de la oposición a la medida de aseguramiento de prueba consistente en el depósito de disco duro en el Juzgado.

Junto con sus demandas, cuya plantilla de contestación liberamos en un anterior artículo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) suele solicitar una medida de aseguramiento de prueba consistente en la entrega del disco duro desde el que se administra la web del demandado. La justificación de tal pretensión se halla, a juicio de esta entidad, en que es en ese soporte donde figuran los datos de las descargas realizadas desde la web de enlaces objeto del procedimiento, siendo éstos de “vital importancia” para determinar la cuantía de la indemnización que se reclama al demandado.

En todos los casos que se nos han planteado hasta el momento, la práctica de esa medida de aseguramiento de prueba ha sido aceptada por el juzgado sin audiencia del demandado, en la creencia por parte del Juez de que, efectivamente, los datos sobre descargas realizadas desde una web de enlaces se hallarían, como asegura la demandante, en el disco duro personal de quien la administra. No obstante, en ninguno de esos casos la medida llegó a practicarse una vez explicado al Juzgado el error que motivó la petición de la demandante.

La posibilidad procesal que tiene el demandado para defenderse de esta solicitud es la de formular -por la vía del art. 298.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el plazo de 20 días desde la notificación de la providencia que la acordó inaudita parte (esto es, sin presencia del demandado)- su oposición a la medida. Tras la presentación del escrito de oposición, ha de celebrarse la correspondiente vista en la que se decidirá sobre lo solicitado en el mismo.

Como única indicación a tal respecto, hemos de advertir sobre la posibilidad de que de contrario se vierta el argumento de que en el disco duro del demandado puedan hallarse otros elementos probatorios de interés para la demandante, aunque no sean los datos que motivaron la aceptación de la medida. Resulta obvio que, en tales casos, habrá que recordar a la actora y al Juzgado que la medida se acordó para extraer un elemento probatorio muy concreto y determinado, que es el del número de descargas y para calcular la indemnización, sin ser posible sustituirlo sobre la marcha por cualquier otro elemento que, de paso, pueda llegar a encontrarse en el disco duro personal del demandado. En uno de nuestros casos, llegó a sostenerse que la práctica de la prueba era igualmente interesante, se hallen o no los datos pretendidos, porque quizás podían encontrar en el disco duro del demandado el programa “Photoshop”, lo que sería indicativo, a juicio de la actora, de que el demandado edita carátulas de discos.

Junto con su escrito de demanda, SGAE solicita también en todos los casos el cierre cautelar de la web de enlaces objeto del procedimiento y en sucesivas entregas liberaremos las plantillas de la nota para la vista que utilizamos cuando la web se halla abierta y de la oposición al cierre cuando la medida cautelar se hubiera ya tomado inaudita parte, lo que finalizaría la liberación de todos los escritos necesarios para la defensa en vía civil de webs de enlaces, antes de ofrecer en favor de nuestros compañeros y sus clientes los escritos que hemos utilizado en la vía penal.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

Javier de la Cueva y David Bravo, abogados

Liberando la contestación a la demanda de SGAE contra webs de enlaces

11.01.2010

 Ya es públicamente conocido el texto del anteproyecto que se remitirá al Congreso de los Diputados para intentar cerrar, entre otras, las web de enlaces a archivos en redes p2p. Es un texto de baja calidad técnica y que si bien aparentemente sólo se centra en los prestadores de servicios de la sociedad de la información, deja demasiados interrogantes interpretativos para poder afirmar con certeza que no pueda ser utilizada contra cualquier tipo de página web, sea o no lucrativa.

En el necesario debate sobre la propiedad intelectual, frente a iniciativas de Canadá o el Reino Unido que han propugnado un sistema de discusión abierta, habilitando webs específicas para el debate público, nuestro Gobierno está mostrando un comportamiento reprochable no sólo democrática sino jurídicamente.

Democráticamente, mediante técnicas de ocultación, de alarmismo falso (no podemos ser el país más pirata cuando según la OCDE España ocupa la posición 83 de 134) y de confusión entre el bien común y el provecho particular.

Jurídicamente, por cuanto que el texto aprobado otorga a una Comisión del Ministerio de Cultura la facultad de resolver según su criterio si desde una página web se está vulnerando un derecho de propiedad intelectual y decidir la medida de cierre de la web o la retirada del contenido controvertido e incluso de ejecutar la misma.

La figura del juez se reserva únicamente para autorizar la ejecución de la resolución de cierre que le llega ya adoptada por la Comisión, pero no en función de si los motivos por los que ésta se acuerda son o no acertados -esto es, no en función de si existe realmente causa para ese cierre, cuestión donde no podrá entrar el juez- sino en función de si la ejecución de la medida acordada por la Comisión puede suponer además la vulneración de determinados derechos fundamentales.

A modo de ejemplo, y a fin de que pueda entenderse bien la diferencia cualitativa entre autorizar la ejecución de cierre en función de los criterios explicados y adoptarla, bien podría suceder que el juzgado no estuviera de acuerdo con las razones jurídicas que se invocan para resolver el cierre pero, incluso en ese caso, se vería obligado a autorizarlo si considera que el cese de esa actividad -que él, al contrario que la Comisión, considera no infractora-, no significa la vulneración de determinados derechos fundamentales.

A los jueces se les quita la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet: esa potestad se la reserva ab initio el Ministerio de Cultura. Se difumina una vez más el logro que supuso la separación de poderes. La puerta que se abre con una estrategia de control político tan abyecta como ésta es sumamente peligrosa y permite, en la práctica, que el Ejecutivo pueda arrebatar determinados ámbitos de litigio a los tribunales si sus sentencias no son del gusto de quien gobierna.

La trayectoria del Gobierno en este tema es oscurantista: no entrega datos sobre propiedad intelectual que puedan cotejarse públicamente, no ejerce el control sobre las Entidades de Gestión, cuando anuncia la Ley de Economía Sostenible olvida mencionar la reforma de la LPI, que es filtrado a un periódico y no desde luego por los ciudadanos.
Frente a este oscurantismo, entendemos como obligación de la función social de la abogacía, tanto David Bravo como Javier de la Cueva, liberar la plantilla de la contestación a la demanda de la SGAE contra webs de enlaces a redes p2p, donde explicamos por qué no existe una vulneración de la propiedad intelectual.

Posteriormente iremos publicando el resto de los textos. Nuestra intención es que sean libremente utilizables por nuestros compañeros en defensas análogas, así como señalar ya, para la pertinente discusión parlamentaria y en los futuros procedimientos ante la Comisión, las razones por las que en el enlace existe una imposibilidad física de vulneración de propiedad intelectual.

Modelo en formato .odt

Modelo en formato .doc

Javier de la Cueva y David Bravo, abogados.