Texto íntegro del Auto de Sobreseimiento de Spanishare.com

11.12.2008

Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid

Diligencias Previas nº 7984/2007

En Madrid, a doce de noviembre de dos mil ocho.

Antecedentes


PRIMERO.- En este Juzgado se ha tramitado el proceso reseñado en el encabezamiento por delito contra la Propiedad Intelectual, habiéndose practicado las diligencias necesarias para la comprobación y esclarecimiento de los hechos denunciados por la Brigada de Investigación Tecnológica (Grupo Antipiratería) de la Comisaría General Provincial de la Policía en atestado de 27/10/2005 nº 82.963/12/2005.


SEGUNDO.- La investigación efectuada tiene su origen en la denuncia de varias Productoras cinematográficas, y de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software (ADESE) a las que se adhieren posteriormente EGEDA y SGAE, contra los responsables de la web www.spanishare.com (IP 216.17.103.8), sitio en el que se pone a disposición de los usuarios de Internet copias de obras musicales, cinematográficas y programas de videojuegos, consistiendo el ánimo de lucro en la publicidad del sitio por el que obtienen un beneficio económico.


La web contiene enlaces a través de P2P Edonkey 2000 que permite el intercambio "peer to peer" de archivos o ficheros por medio de descargas recíprocas, lo que supone un acto de comunicación pública de obras protegidas por la propiedad intelectual (art. 20 LPI), por lo que la descarga es ilícita por lo que la persona que está detrás de la citada web habría incurrido en el tipo del art. 270 CP.


Fundamentos


PRIMERO.- El art. 270 CP señala que "Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.


2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.


3. Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo."

SEGUNDO.- Los denunciantes narran que el acusado xx realizaba la conducta de ofrecer y cambiar a otros usuarios de la web www.spanishare.com copias de álbumes musicales, películas y juegos, "en todo caso sin mediar precio" si bien el ánimo de lucro se halla en la publicidad del sitio de internet.


[ilegible] dice la SAP de Santander de 18/2/2008 (rec. 15/2008. Pte. Hoz de la Escalera, Javier) si por precio debe entenderse la contraprestación en dinero de la compraventa (art. 1445 CC), está acreditado que no mediaba en este caso pues del examen de lo actuado no permite en modo alguno sostener que el imputado vendiera en ninguna ocasión sus copias ni obtuviera un precio por ellas, hasta el punto de que este hecho es reconocido por los denunciantes. El art. 270 del C. Penal exige, además, para que la conducta sea castigada, que el sujeto agente actúe en perjuicio de tercero y con ánimo de lucro, y sobre esta última exigencia versa el núcleo de la decisión. Pues bien, el Código Penal emplea la expresión "ánimo de lucro" en otros preceptos, especialmente los relativos a la propiedad como el robo, el hurto, la estafa o la apropiación indebida, y sobre el significado en estos tipos de ese concepto hay una sólida doctrina legal que sostiene que el "ánimo de lucro" equivale a intención de obtener cualquier ventaja, aprovechamiento o utilidad (STS 411/2004 de 25 de marzo EDJ 2004/31433, 1100/2002 de 13 de enero EDJ 2002/27808). Sin embargo, no hay propiamente una doctrina legal del Tribunal Supremo que interprete ese requisito del ánimo de lucro en los delitos contra la propiedad intelectual, pues habiendo sido introducido el mismo en el C. Penal de 1995, son pocas sus sentencias posteriores sobre este dlito y no abordan desde luego esta cuestión ni tratan la específica problemática que suscita la interpretación del precepto a la luz de la realidad social, que como es sabido debe ser el marco de toda interpretación razonable del Derecho (art. 3 C. Civil). Pues bien, es esta misma realidad social, las posibilidades técnicas que brindan actualmente las nuevas tecnologías y los usos de consumidores y usuarios, los que obligan a plantearse si ese concepto tradicional de "ánimo de lucro" elaborado alrededor de los delitos contra la propiedad común sirve para acotar hoy en día convenientemente el ámbito de protección que el derecho penal debe dispensar a esta propiedad especial que es la intelectual, de perfiles propios y cuya configuración siempre ha tenido por ello normas específicas que atienden no sólo a los derechos de los creadores y demás titulares sino también al interés social que late en esos derechos y los trasciende.


Así, resulta evidente que un concepto de "ánimo de lucro" como el expuesto y tan extenso como el usado habitualmente en otros delitos contra la propiedad unido a la amplitud de las conductas típicas descritas en el artículo 270 del C. Penal y al estrecho ámbito de la copia privada tal como está actualmente configurada, conduciría a una extensión inusitada de la represión penal en este ámbito, al caer dentro del campo de aplicación de la norma, por ejemplo, la mera realización de una copia para uso propio a partir de otra copia o de un original difundido sin autorización del autor; esto es el "bajar" una canción o una película de la Red sería punible, pues en tal conducta ilícita civilmente estaría también ínsito el ánimo de lucro derivado del ahorro del coste de adquisición legal de la copia; esta conclusión, que inmediatamente se revela poco coherente con el carácter fragmentario que debe tener el Derecho penal y el principio de intervención mínima que debe inspirar la acción legislativa y aún la labor del intérprete en un segundo grado, puede ser obviada ciertamente, como señalan algunos autores, acudiendo a un criterio de insignificancia, pero lo importante es que pone de relieve la inconveniencia de aplicar categorías tradicionales a una nueva realidad y la necesidad de buscar otras que permitan un tratamiento jurídico del problema acorde con la realidad social.


En esta línea se encuentra la aportación de la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, invocada en este caso por el Ministerio Fiscal al impugnar los recursos, en la que se propugna precisamente que el "ánimo de lucro" propio de estos delitos y exigible conforme al art. 270 C. Penal, puede entenderse no con el contenido tradicional ya expuesto sino como expresivo de una intención de lucro "comercial" o "a escala comercial", lo que en todo caso excluye el mero beneficio de ahorro obtenido por el sujeto y aquellos supuestos en los que la copia ilícita es realizada o intercambiada sin intención de obtener un beneficio monetario, el propio de un ejercicio comercial de la actividad. Ese concepto de "lucro comercial" no es novedoso, como enseña la propia Circular, pues se contiene ya en el Acuerdo sobre aspectos relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual firmado el 15 de abril de 1994, y es precisamente el concepto empleado en la Propuesta de Directiva y Decisión Marco del Parlamento y del Consejo presentada por la Comisión Europea el 12 de julio de 2005 para delimitar el ámbito de cobertura penal que como mínimo debe conseguirse en todos los países miembros, mínimo que, por tanto, y siendo así que nos hallamos en una materia especialmente necesitada de uniformidad por su propia proyección internacional, es al que debe llegarse, desechando imponer en cada estado miembro límites penales más estrictos y estrechos.


En el propio Código Penal se detecta tal concepto al regular los delitos contra la propiedad industrial, en cuyo ámbito no se habla de "ánimo de lucro" sino de "fines industriales o comerciales"; y si la propia diferencia legal permite sostener la diferencia de trato en cuanto a este elemento, no es tampoco descartable una interpretación integradora que aproxime uno y otro concepto en aras a lograr una protección uniforme de todas las modalidades de estas propiedades especiales.


En este sentido no cabe considerar dentro del concepto de ánimo de lucro el mero hecho de que el sitio en la web contenga publicidad, pues no existe nexo causal entre el supuesto beneficio obtenido por los enlaces publicitarios y la comunicación pública de las obras de autor, además de que no hay condicionamiento alguno en el enlace vinculado a dicha publicidad, pues el beneficio de la misma no se obtiene del enlace final a través del cual se descargan las obras, sino de la propia web del denunciado en la que no se halla almacenado contenido alguno ni distribuye, comunica o difunde directamente las películas, música o juegos, sino que se limita a difundir otros enlaces que son los que realizan tal difusión y comunicación no autorizada.


TERCERO.- De conformidad con los artículos 789.5 y con el artículo 641 de la LECrim. procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones porque de lo actuado no existen indicios racionales de criminalidad contra el denunciado ni existen elementos suficientes para sostener razonablemente una acusación penal.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes diligencias.

Notifíquese esta resolución advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de reforma dentro de los tres días siguientes a su notificación.